Las repercusiones del big data del gobierno: El hijo que nadie quiere reconocer en La Moneda

Pocas semanas después del 18 de octubre, personeros del ministerio del Interior llamaron a expertos en análisis de datos para solicitarles colaboración. En esos momentos, se intentaba dar con una explicación a la ola de violencia y con información proveniente de las redes sociales que pudiera anticipar escenarios.

Según cuentan algunos de los científicos que fueron consultados, entre las hipótesis que se querían comprobar estaba la supuesta injerencia extranjera en la crisis social. Algunos de sus asistentes cuentan hoy que varios criticaron ese análisis y el uso del análisis de datos para lograr llegar a una conclusión como ésta. Según publicó La Tercera Domingo ayer, el gobierno realizó un informe de este tipo, cuyos resultados fueron entregados el jueves 19 de diciembre al Ministerio Público. Ello, luego de que el pasado lunes el Presidente Piñera acusara en una entrevista que hubo intervención extranjera y que esos antecedentes estaban en poder de la Fiscalía, cuestión que fue rebatida por su titular Jorge Abbott.

“Efectivamente varios científicos fuimos consultados sobre el tema de un análisis de este tipo, en mi caso en un par de oportunidades, pero desde mi expertise yo manifesté que un análisis de este tipo no era idóneo para las teorías que se querían comprobar”, comentó Bárbara Poblete a La Tercera PM, académica del departamento de Computación de la Universidad de Chile e investigadora del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD).

En tanto, ayer, el investigador del mismo centro de esa casa de estudios, Jorge Pérez, publicó a través de Twitter que “a un grupo de científicos, la Moneda pos-18O nos pidió ‘inteligencia BigData’ que confirmara influencia de RRSS en desórdenes (…) les dijimos que no pagaran por humo porque seguro algún chanta vendería lo que ellos querían comprar y harían un papelón”.

Hoy, el polémico informe, cuestionado tanto por su metodología como por los resultados que entregó, fue tema obligado en Palacio. De hecho, al ser consultados, varias fuentes de La Moneda deslindaron su responsabilidad en la autoría del análisis. En esa línea, desde la Secom se comentó en privado que no conocían el informe que habría emanado desde Interior.

Esta mañana, luego de la ceremonia donde se promulgó el proceso constituyente, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, al ser consultado por las críticas al informe y por la autoría de éste, evitó responder y se retiró del lugar.

Fuentes del gobierno señalaban hoy su molestia por la calidad de la información contenida en el documento junto con plantear cómo esto no ayudaba a aplacar la pugna que desde hace varios días se venía dando entre el Ejecutivo y el Fiscal Nacional, Jorge Abbott.

“Se entregó información extraordinariamente sofisticada a partir de análisis con tecnología de Big Data, con tecnología de la información, que dan cuenta de antecedentes que son importantes para la investigación penal”, comentó Blumel el pasado jueves a la salida de la reunión con Abbott, quien luego planteó que el documento provenía de “fuentes abiertas”.

Luego de eso, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gustavo Jordán, le entregó al Fiscal Nacional otro informe pero con la condición de que no podía ser liberado, algo que se exige para que esos datos puedan ser incorporados a causas penales. De hecho, también hubo incomodidad en algunos sectores de Palacio por la decisión de que el informe de la ANI fuera reservado y, por ende, no pueda ser usado por la Fiscalía. “Eso le resta seriedad”, decían algunos hoy.

Expertos: “Lo puede hacer cualquier persona”

El documento de big data del gobierno se basó en un análisis a casi cinco millones de autores únicos en redes sociales que generaron cerca de 60 millones de comentarios entre el 18 de octubre y el 21 de noviembre. Ahí, se estableció que el 19,3% de los comentarios analizados por el Ejecutivo son extranjeros.

Además, se identificaron cinco grupos o comunidades de opinión e influencia, dos de estos formados por autores internacionales. Consultados por La Tercera PM, dos expertos hicieron una evaluación de lo que se dio a conocer del informe.

“Este tipo de análisis lo puede hacer cualquier persona porque existen cientos de herramientas para análisis de texto, de redes sociales y cosas para descargar estos datos. Esto está al alcance de cualquier persona y los recursos computacionales también están al alcance de cualquiera”, comenta Poblete.

Además, la investigadora de la Universidad de Chile agrega que si el análisis incluyó solo cuentas de Twitter es insuficiente. “Esto sirve para obtener una idea de lo que está pasando pero es una muestra muy limitada. Porque por ejemplo Twitter representa un segmento muy específico de la población en Chile, hay otros países donde puede estar masificado, en nuestro país no lo esta y se usa en un segmento etareo muy definido que es un poco más viejo, los jóvenes están en otra plataforma”, comentó.

Respecto de la información de cuentas extranjeras que establece el informe, Poblete señala que es “lo más controversial desde el punto de vista de experta. Esto porque son muy pocos los usuarios que dan acceso a su ubicación en Twitter, esos son alrededor de 1% al 2% de los usuarios que permiten que Twitter comparta su ubicación y lo hacen a nivel macro, o sea, ciudad o país solamente, Twitter ya no puede compartir ubicación exacta desde principios de año”.

Por su parte, Antonio Díaz, director de Espacio Público y experto en BigData, señala que “hacer un estudio de esta magnitud en el calor de la protestas y los incidentes, es poco útil. Porque no tienes un proceso definido para ir limpiando los datos, que está verificando que la información es la correcta, todo muy rápido y con la presión del tiempo por encontrar las conclusiones que se están buscando”.

“Las conclusiones generalistas no nos permiten entender cuál era el objetivo del informe. Cuentas fuera del país que están haciendo RT de cosas que al gobierno no le gustan, es muy poco útil, es como una guerra de medios. Esto finalmente es un mal gasto de usos públicos“, agrega Díaz.