El interés por el nuevo proceso es bajo. Tal vez demasiado. Así lo demuestran los datos y el ambiente que se vive en las calles. Luego de la victoria del Rechazo en el plebiscito de salida, pareciera que gran parte de la ciudadanía está lista para cerrar el capítulo constitucional. Las intenciones refundacionales dieron lugar a la apatía y cabe preguntarse si este nuevo proceso constitucional puede, o quiere, cambiar esto.
En el proceso anterior, Eric Monrroy, estudiante de periodismo en la Universidad de Chile, participó activamente en el proceso constituyente anterior. Primero en la Asamblea Constituyente de Atacama, donde a su precoz edad llegó a convertirse en el Community Manager de la asociación, para luego formar parte de la Convencional electa con el mayor apoyo de todas las candidaturas regionales, Constanza San Juan.
Pero hoy, el panorama es diferente: “si actualmente no tuviéramos voto obligatorio, yo no iría a votar”, sostiene Eric. De hecho, para él ya está decidido: “Ahora que voy a votar, voy a anular”.
La desafección en datos
Como Eric, son muchos los chilenos que se han sentido ajenos a este nuevo proceso. Cada uno tiene sus razones. Pero los números no mienten: según la encuesta Criteria, publicada el pasado domingo 9 de abril de este año, sólo un 31% de los chilenos está interesado en el actual proceso constitucional. Esto marca una abismal diferencia con la medición realizada por la misma agrupación al comienzo del proceso de 2021, que ascendía a un 60%. Pulso Ciudadano, por su parte, asegura que solo el 29,8% de las personas dicen estar interesados o muy interesados en el nuevo proceso constituyente. La medición también reveló un aumento progresivo en la desconfianza sobre el proceso, la última cifra es 62,5%.
Y si hablamos de qué tan informada está la ciudadanía, un estudio de la UDP y Feedback Research reveló que solo el 3% de las personas están muy informadas sobre el trabajo que se está efectuando para redactar una nueva carta magna. Peor aún, casi un 40% de la muestra dijo estar “nada informada”. Como una triste constante, los niveles de desconocimiento son más altos entre los sectores socioeconómicos más bajos.
Como estudiante de periodismo, Eric debe estar informado sobre el proceso, aunque lo hace a regañadientes. Afirma que ya no participa políticamente. Si no fuera estudiante de las comunicaciones, “no estaría tan al tanto. Yo creo que también es un poco lo que pasa con la ciudadanía: ve afiches, volantes, ve cosas en redes sociales, pero ya las pasa [de largo]. Ya no se quedan viéndolas”.
Un segundo round con menos financiamiento y menos rating
Es sabido que el gasto electoral es proporcional al cargo público. Un candidato a concejal no gasta lo mismo que uno a senador, así como el candidato a alcalde no gasta lo mismo que uno al sillón presidencial.
En ese sentido, no debería llamar la atención que entre las campañas para Convencionales Constituyentes se desembolsó un poco más de 4,7 mil millones de pesos. El tamaño del cargo, define el gasto. Y en 2021, al parecer, el puesto responsable de redactar una nueva carta fundamental valía la inversión extra.
Sin embargo, según datos obtenidos a través de Decide Chile el 18 de abril, a menos de dos semanas de las elecciones, el financiamiento para las campañas políticas por un asiento en el Consejo Constitucional sólo llega a cerca de 2,6 mil millones de pesos.
Si bien estas elecciones consideran un número menor de escaños y que los candidatos tienen hasta el día de la elección para declarar sus gastos oficiales, cuando consideramos esta baja en la inversión propagandística con las últimas cifras de rating respecto a la franja electoral, se hace más evidente que la ciudadanía no está tan interesada en el Consejo Constitucional y que el sector político no está dispuesto a poner más recursos para llamar su atención.
Porque, si en las franjas del plebiscito de entrada de 2020 y de salida de 2022 se marcaron peaks de rating de 40 y de 42,5 puntos, respectivamente, ahora, el bloque reservado para candidatos al Consejo no ha logrado llegar más allá de los 33,5 puntos. Es más, en horario prime, el plebiscito de 2020 promedió una audiencia de 40 puntos, el de 2022, 33,2 puntos, el actual, solo 26,6 puntos.
Claudio Salinas, experto en comunicación política de la Universidad de Chile, le quita importancia a la actual franja electoral. Menciona que el espacio televisivo sería importante “si hubiera un clima de opinión que estuviera fluctuando respecto a la incidencia de la Constitución”. En cambio, menciona que las campañas de ahora (resalta la del Partido Republicano) “no tienen nada que ver con la Constitución. Es propaganda policial”.
Según un informe de la CNTV, se explicita que “la franja parece estar llegando con éxito al público que tradicionalmente ve televisión, sin alcanzar a grupos nuevos”. Los mayores de 50 años siguen atentos al televisor, mientras que la atención de los menores de 35 cada vez es más baja.
¿Qué pasó con la participación popular?
Una de las razones que llevaron a Eric a formar parte de la Asamblea Constituyente de Atacama, según comenta, fue la esperanza de poder generar cambios a nivel local, con gente de su comunidad y que dichos cambios se proyectarán a nivel nacional, fue la oportunidad de involucrarse con actores independientes.
Sin embargo, la victoria del Rechazo en el plebiscito de 2022 terminó por desarticular la Asamblea en donde Eric participaba. Muchos de sus integrantes no quisieron participar de este nuevo proceso, que veían como ilegítimo, “sin ajustarse a mínimos democráticos«. El joven estudiante también fue perdiendo el interés. Su relación con el nuevo proceso se volvió necesaria por el puro hecho que debía mantenerse informado para cumplir con sus obligaciones académicas.
Para Pedro Santander, periodista y doctor en Lingüística de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la participación ciudadana se ha realizado de “una manera muy regulada por los sectores interesados en que este proceso no se dé como en la primera oportunidad”.
“Hay más bien silencio, hay poco debate público, hay poco ruido. Y se ve muy poco lo que está pasando con el proceso constitucional”, razona Santander. Es un proceso, en definitiva, y según sus propias palabras, “más bien enclaustrado, un proceso que ya se saca de la calle y se lleva las comisiones expertas”.
Sus líneas de investigación lo han llevado al análisis sobre propagación de Fake News y discursos de odio. De hecho, durante los tiempos de la Convención Constituyente, Santander junto a otros académicos realizaron un trabajo exhaustivo para demostrar el rol de la desinformación en las redes sociales. Identificaron más de ocho mil cuentas que atacaban sistemáticamente a la entonces presidenta de la Convención, Elisa Loncón, mintiendo sobre su nivel de educación y su capacidad para ejecutar sus labores como constituyente.
Pero en este proceso, Santander no encuentra Fake News ni desinformación, tampoco líderes de opinión o usuarios que destaquen por su menoscabo hacia la labor refundacional. No, ahora el problema es el hermetismo. “Al final está ocurriendo lo que ocurrió en 1833, 1925, 1980… que las constituciones chilenas se escriben entre cuatro paredes”, comenta.
Salinas está de acuerdo. Considera que recuperar la atención del proceso le parece difícil, “porque yo creo que se desdibujó el proceso. Ha sido secuestrado por los políticos profesionales y las personas vuelven a ni siquiera reflexionar sobre su incidencia real en una nueva Constitución”.
Sin desmerecer otros elementos como la pandemia y la contingencia, a sus ojos, el poco poder de decisión ha sido lo que ha generado una alienación con la urgencia de redactar una nueva carta magna. “Este nuevo proceso no ha tenido la intención de explicarle a las personas la necesidad de una nueva Constitución. Pareciera ser algo sin importancia”, afirma.
A pesar de esto, sería una falsedad decir que este nuevo proceso constitucional no cuenta, o no va a contar, con herramientas que permitan a la ciudadanía incidir en la redacción de una nueva Constitución.
Al igual que en la Convención Constituyente, este nuevo proceso cuenta con un organismo encargado de recibir las propuestas provenientes de la ciudadanía, la Secretaría de Participación Ciudadana. A diferencia del proceso 2022, sin embargo, esta institución está liderada por las Universidades de Chile y Católica, no por la organización interna del Proceso Constitucional. Tampoco se podrán levantar iniciativas de norma popular sobre cualquier ámbito o necesidad, deberán ser indicaciones o enmiendas pertinentes al anteproyecto que formule la Comisión de Expertos.
Con cuatro mecanismos de participación, entre ellos la iniciativa popular de norma, esta nueva Secretaría rescata prácticamente todas las herramientas que contenía la anterior Convención. Sin embargo, trabaja con una agenda mucho más acotada.
La nueva Secretaría iniciará el proceso de participación ciudadana el siete de junio, mismo día en el que se instala el Consejo Constitucional. Fija solo treinta días para realizar todo el proceso participativo, eso incluye consultas, diálogos, audiencias y sobre todo, iniciativas populares de norma. El anterior proceso establecía 45 días solo para el ingreso de propuestas populares de norma.
Contactados al respecto, la vocería del órgano sostuvo que creen que su mandato en ese espacio de tiempo es posible. “Los mecanismos que ponemos a disposición de la ciudadanía están pensados para incidir, ya que se refieren a un anteproyecto en específico y en un tiempo acotado para que las voces de la ciudadanía sean escuchadas de manera oportuna y eficaz”.
Asimismo, el órgano afirmó que ya han comenzado a trabajar con la sociedad civil. El 10 de abril, publicaron una recopilación de los procesos constitucionales anteriores. No obstante, aún está al debe en cuanto a formación ciudadana. En una entrevista para Radio Duna, la rectora de la Casa de Bello, Rosa Devés, anunció que el contacto con la ciudadanía comenzaría desde el 6 de abril. Sin embargo, la página de la Secretaria empezó a funcionar a mediados del mismo mes y hasta el momento de redacción de este reportaje, todavía no existe contenido en el apartado sobre “Formación Ciudadana”.
Personas como Eric se mantienen escépticas. En su caso, considera que las iniciativas que surjan de la Secretaría no serán verdaderamente vinculantes y en la práctica, no serán «efectivamente transformadoras”.
El desdén de las autoridades
La victoria del Rechazo era algo que, hasta cierto punto, Eric esperaba. Aunque siempre se mantuvo escéptico de los sondeos y en un comienzo confiaba ciegamente que el Apruebo saldría vencedor en el plebiscito de salida. Pero su labor durante la campaña le hizo cuestionar esa idea. A medida que se acercaba el plebiscito, el joven percibió un entusiasmo más fatigado con la opción a favor de una nueva Constitución. En la calle, transeúntes que antes se detenían para conversar, ahora recibían con indiferencia los panfleto, muchos terminando en el basurero más cercano. Otros, simplemente, ignoraban al estudiante.
Con la proximidad de los comicios, los pensamientos de derrota se agudizaron. “La semana donde se tenía que votar, ahí yo dije: ‘oye, quizá perdamos’. Y la sensación era, si es que perdemos, ojalá que no sea por tanto». Finalmente, con la victoria definitiva del Rechazo, la gota que rebalsó el vaso. Dos meses después, cuando las fuerzas políticas anunciaron el Acuerdo por Chile para comenzar un nuevo proceso constitucional, la apatía ya se había apoderado de Eric.
Y pareciera que así fue con el resto de la población. Esos dos meses de incertidumbre fueron suficientes para que germinara el virus de la desafección entre la ciudadanía. “Las consecuencias son importantes para el futuro. Porque si bien en el presente pareciera ser que una constitución no es importante para las personas, los problemas sociales siguen existiendo”, explica Salinas.
Por esto mismo, y tras reiteradas peticiones de partidos oficialistas y candidatos al Consejo, el Gobierno lanzó una campaña informativa el lunes 24 de abril, a menos de dos semanas de los comicios.
Lo acotado no fueron únicamente los tiempos. La campaña fue realizada por la misma Secretaría General de Gobierno, a diferencia de lo ocurrido en el plebiscito de salida de 2022, donde se abrieron dos procesos de licitación por montos de $980 millones de pesos y con mucho más tiempo.
Salinas teoriza que “parecería ser que en los pactos del gobierno no hay convencimiento de que el actual proceso sea beneficioso para las personas”. Y, por lo mismo, el académico es pesimista: “El actual proceso está destinado al fracaso en el corto, mediano y largo plazo, porque efectivamente ya fue sacada de la ciudadanía. El proceso está deslegitimado porque la conflictividad social no está siendo procesada”.
Según las encuestas, ya en esta etapa inicial del proceso, la intención de voto de la ciudadanía es hacia el rechazo. Tomó cerca de un año de polémicas, mentiras, desinformación y conflicto para que el proyecto de nueva Constitución presentado por la Convención Constituyente recibiera el mismo nivel de desaprobación. Solo queda observar detenidamente a los miembros de este nuevo proceso constitucional. A los comisionados, a los árbitros y a los consejeros y ver si serán capaces de rescatar a la población chilena de su apatía constitucional.
Por Vicente Widmer, Maite Palacios, Rodrigo Valdés y Juan Fuenzalida.
Editado por Iván Madariaga.