Columna de Antonio Díaz-Araujo: Filtraciones y cargos públicos: el nebuloso límite pendiente de definir

¿Cómo conciliamos transparencia (que todos queremos para lo Público) con privacidad (que tan frecuentemente es violada)?

Como bien lo dijo Miguel Ángel: “El mayor peligro para la mayoría de nosotros no es que nuestra meta sea demasiado alta y no la alcancemos, sino que sea demasiado baja y la consigamos”.

El desfile de desaguisados de estas últimas semanas es el mejor termómetro de lo que implica vivir bajo el escrutinio de las redes sociales. Lo que más ha quedado expuesto es lo vital de ser ciudadanos coherentes en lo público y privado; el circo romano de las redes sociales no descansa, tiene una memoria aguda y hambre de hacer justicia.

Se desmoronó la mala práctica de que para que una acción fuese correcta, sólo bastaba con su legalidad, aunque ética o moralmente fuera reprochable. Pero también se instaló que toda acción, absolutamente lícita, es juzgada y denostada con los nuevos estándares impuestos por quienes se consideran libres de cualquier pecado. ¿La pregunta de fondo es cuál es el objetivo? ¿Y si como decía Miguel Ángel, es esta meta muy baja?

Para salir un rato de nuestra plaza pública local podemos saltar a Estados Unidos. Históricamente, la regla implícita en las elecciones presidenciales era entregar las declaraciones de impuestos en forma pública. Trump rompió con eso, nunca lo hizo; transformó sus declaraciones en el desafío de las RR.SS y los medios por casi 3 años, pero finalmente se filtraron y abrieron la puerta a que una sobrina –que había recibido una parte menor de la herencia–, lo demandara y que el Estado de Nueva York abriera investigaciones.

O como el caso del expresidente francés, François Mitterrand, que prometió en su campaña transparentar sus estados de salud. En ese entonces ya padecía un cáncer que no fue revelado en ninguno de los reportes y permaneció como secreto en gran parte de sus 2 mandatos.

Lo común en los dos ejemplos anteriores es que no eran leyes que obligaran. Era una voluntad explícita y moral de hacerlo.

No es un problema chileno per se, pero sin lugar a duda nos afecta. Llevamos años hablando del financiamiento de la política, títulos universitarios inexistentes, fotos privadas de la novia de un diputado enviadas entre amigos, conflictos de interés entre hermanos, colusión y candidatos a ministros/subsecretarios o presidenciales con causas en la justicia penal o civil o con claros impedimentos e inagotables correos poco pudorosos que muestran el delito. Es una reiteración agotadora para la sociedad que mira impávida y de manos atadas esta proyección de la vida privada y del pasado de cualquier líder público.

Aquí es donde entra el juicio popular que es tan peligroso. La posibilidad de que un corredor acusado de hacer trampa fuese destacado en la maratón de Los Ángeles en EE.UU. desató un frenesí en RRSS que transformaron la vida del acusado en un tormento, y terminó quitándose la vida. El juicio popular “en vivo” es demasiado brutal y no respeta nada.

Pero el punto es ¿cómo conciliamos transparencia (qué todos queremos para lo Público) con privacidad (qué tan frecuentemente es violada)?

Claramente el Estado tiene un rol fundamental en definir estos espacios y protegerlos cuando corresponda. Es más fácil enumerar lo que tal vez no deberíamos seguir haciendo:

Respecto a lo público:

• El RUT no debería ser el nombre de usuario para los trámites o en la relación con instituciones del Estado. Con ese dato damos una ventaja infinita a quienes quieren saber más, sin legalmente poderlo. Eso debería cambiar tanto para los servicios emblemáticos como el SII, Tesorería, Clave Única, etc.

• Es rol del Estado crear plataformas que dificulten la capacidad de filtración de esta información al público. Hoy parece ser tan simple como tomar una foto desde el celular o un pantallazo desde un computador.

• ¿Es parte de mi vida privada el que se sepa si me quedan 1, 2 o 3 retiros? Si es así, entonces las AFP´s que crearon sitios paralelos donde se puede ingresar un RUT en exploraciones investigativas están en un problema y la Superintendencia debería intervenir. ¿Lo hará?

Respecto al mundo privado:

• El mundo privado debería implementar la misma regla. El RUT no debiera ser mi nombre de usuario para entrar a mi cuenta corriente, ni para obtener otra información como mi saldo de AFP, ni para saber en cuálcotizo.

• La gravedad reside en que entrego públicamente la mitad del problema para acceder a mi cuenta, ahora sólo falta la clave. ¿Por qué insistimos en hacerle la vida fácil a quienes quieren hacer daño?

• Finalmente, ¿juicios de familia son o no parte del mundo privado o impedimento para ejercer cargos públicos? Otra interrogante que vale la pena plantearse.

Vivimos en la era en que lo digital es casi tan o más importante como lo presencial; tu CV en LinkedIn o la consistencia de tus entrevistas en el tiempo (ya lo vimos con candidatos presidenciales y un convencional). Hoy nuestro pasado deja una huella digital y si no lo monitoreo no es algo que va camino al olvido.

Existen servicios que crean casillas de correo desechables para evitar el seguimiento de los Bots de Google o Facebook y cada vez más el modo privado de navegación en internet es una opción segura de usar. En ese mundo, en el que tengo privacidad y en muchos casos anonimidad, es el que hay que regular lo que se requiere para tener un cargo público, sea Presidente, ministro, Convencional u otro.

El debate no acaba ahora, pero creo que cuanto más tardemos en encontrar la instancia que los regule y defina los límites de lo privado y lo público seguiremos siendo víctimas de la dictadura de lo viral (que muchas veces se equivoca) y menos lo racional (que tanto demora).